Por los caminos de Colombia

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Caravana global por la paz y la conquista de la democracia en Colombia.  21 de abril al 3 de mayo de 2014

Delegados y delegadas de organizaciones sindicales, defensoras de derechos humanos y colectivos de solidaridad con Colombia de Estados Unidos, Suiza, Chile, Australia, Italia, Alemania, Francia, invitados por Sinaltrainal, Fundación La Otra Esquina, CELES, La Red de Lucha contra el Hambre y la Pobreza y el Movimiento Unidad, Paz y Democracia, realizamos una gira por varias regiones de Colombia, con el propósito de reunirnos con las comunidades y sus organizaciones, para examinar los impactos de la política del estado y las multinacionales en sus vidas y en el país.

La caravana global, visitó varias ciudades en cinco regiones de Colombia, centro, nororiente, suroccidente, noroccidente y costa norte, logrando reunirse con población impactada por la construcción de represas, hidroeléctricas en Santander y Antioquia, la explotación de minas de carbón y de oro en Antioquia y el Sur de Bolívar, de exploración y explotación de petróleo en Santander, la destrucción de paramos en Santander, la implementación de grandes plantaciones de palma africana y caña de azúcar en Antioquia, Santander y el Valle del Cauca respectivamente, de construcción de megaproyectos de infraestructura como la zona franca y el mega puerto de Tamarindo de Barranquilla, la contaminación por parte de la Drummond en el puerto de Ciénaga en Magdalena y el pueblo indígena Wayuu en la Guajira y la desprotección de la salud laboral de sus trabajadores, del cinturón verde y los desconectados producto de la privatización de los servicios públicos de Medellín, los impactos de la política de las multinacionales como Nestlé en la producción e importación de materias primas agroalimentarias, como del café en la zona cafetera del sur occidente colombiano, la grave situación de la población afro descendiente en el puerto de Buenaventura, el incremento de las tasas de interés y la falta de viviendas dignas y la privatización de la educación en todo el país.

La caravana global pudo constatar:

1.Desde el 18 de octubre de 2012, se desarrollan en La Habana Cuba, conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC-EP”, para poner fin al conflicto armado que se desarrolla en el país desde hace 50 años. Las negociaciones tienden a lograr un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.  El Ejército de Liberación Nacional ELN, le ha manifestado en reiteradas ocasiones al presidente Santos su total disposición para iniciar diálogos de paz.

Estos diálogos tendientes a alcanzar el fin del conflicto armado y la solución de algunos problemas que aquejan a la población, se desarrollan en medio de la guerra. A pesar de que el gobierno colombiano continúa manifestando su intención de lograr un acuerdo de paz, incrementa la militarización del país y aumenta el presupuesto para la guerra. En 2014 se incrementó a 27.74 billones de pesos, por encima de los presupuestos para salud y educación (es el mayor rubro del presupuesto nacional). Entre 2011 y 2014, la inversión en Seguridad y Defensa ha aumentado 2,21 billones de pesos, un 19,6% más que en el periodo comprendido en el cuatrienio anterior 2007 y 2010. Colombia sigue teniendo unos de los mayores ejércitos per cápita del planeta y recibiendo la mayor ayuda militar de Estados Unidos, después de Israel. No se entiende como un gobierno que manifiesta voluntad de paz incrementa drásticamente el presupuesto para la guerra y el número de unidades militares (para el año 2014 se incrementará en 15.000 la policía nacional).

En cada región visitada observamos una fuerte militarización. En algunas fuimos retenidos por unidades militares durante varios minutos, en otras fuimos fotografiados indebidamente. La mayoría de los retenes estaban instalados en zonas muy cercanas a los megaproyectos o zonas con presencia de multinacionales.

Las insurgencias de las FARC y ELN tienen en perspectiva, entre otras, la participación política electoral para alcanzar cargos públicos y gobernar. No es un buen mensaje, ni para estos procesos, ni para la paz y la democracia en Colombia, la destitución y la inhabilidad del alcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego y de la Senadora Piedad Córdoba. La lectura que más identifica los colombianos, es que la derecha se niega reiterativamente a permitir cambios sustanciales en la forma de conducir y construir modelos alternativos a la pobreza, la exclusión y la antidemocracia en el país, violentando la soberanía popular y desconociendo los mandatos de la comisión interamericana de derechos humanos.

2.En el gobierno anterior (Álvaro Uribe Vélez) las chuzadas (espionaje) a sindicalistas, defensores de derechos humanos, entre otros, del gobierno se realizó a través del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, (adscrito a la presidencia de la República), en el gobierno de Juan Manuel Santos el espionaje se hace a través del ejercito nacional (Sala Andrómeda). El DAS fue convertido en Unidad Nacional de Protección de Protección UNP por estos hechos que conllevaron al asesinato de cientos de integrantes de organizaciones sociales que eran investigados, aun no pasa nada por este nuevo actor de espionajes ilegales. Continúan saliendo a la luz pública nuevos hechos relacionados con falsos positivos, relacionamiento de la mafia y las paramilitares con altos mandos militares y de hechos de corrupción entre los mandos de las distintas fuerzas que componen el aparato militar colombiano.

3.La impunidad continúa. La ley de justicia y paz, resultado de las negociaciones entre las AUC y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es en realidad un gran acuerdo de impunidad. No solo brillan por su ausencia las condenas contra los autores intelectuales de miles de crímenes contra organizaciones sociales, sino que este aparato de muerte continúa. Aparatos paramilitares como las ERPAJ, LOS RASTROJOS, LOS URABEÑOS, LAS AGUILAS NEGRAS, LOS PAISAS, siguen fortaleciéndose, asesinando y desplazando población para ampliar las zonas de explotación minera, agroindustriales y grandes haciendas ganaderas en todo el territorio nacional. Los paramilitares condenados por justicia y paz están próximos a quedar en libertad.

4.Del Plan Nacional de Desarrollo implementado por el gobierno de Santos, de las 5 locomotoras (infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación), las de mayor impacto negativo en la población son la minero-energética, por la expropiación de los recursos naturales por parte de empresas transnacionales que llegan a Colombia a explotar el subsuelo, sin generar nuevos empleos, y con la tasa de impuestos más baja de todo el hemisferio que no cubre siquiera en una centésima parte los daños ambientales, económicos y sociales generados. A esto se suma el incremento de desplazamiento, la contaminación medio-ambiental y la destrucción ecológica.

5.Están en proceso de entrega por concesión 46 millones de hectáreas de tierras, de las 114 millones que tiene Colombia , a las multinacionales, grupos económicos nacionales y al sistema financiero, la inmensa mayoría sin la consulta previa informada a las comunidades. Hace 20 años Colombia importaba un millón de toneladas de alimentos, en 2013 fueron importadas 10 millones y se prevé que en pocos años, en gracia de los tratados de libre comercio firmados por el gobierno colombiano, esta cifra ascenderá a 20 millones de toneladas.

Según el representante a la cámara Wilson Arias, en 2013 fueron entregadas a Cargill 52.000 hectáreas para el cultivo de cereales y Riopalia adquirió fraudulentamente 41.000 hectáreas en Vichada para la siembra de Palma africana. La Familia Eder a través del ingenio Manuelita tienen 20.000 hectáreas en el Meta para siembra de palma africana, La Fazenda perteneciente al grupo empresarial Aliar y Contegral, posee 13.000 hectáreas sembradas de maíz y soya en un proyecto en Puerto Gaitán, Corficolombiana, el grupo brasileño Mónica Semilla o la familia de Carlos Aguel Kafruni, Organización Pajonales S.A. acumula más de 4.000 hectáreas. Existe además, un proceso de extranjerización de la tierras con destino al agro exportación especialmente en la amazonia, de multinacionales y sector financiero de China, India, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, entre otros.

Mientras esto sucede, miles de campesinos pierden sus propiedades a través de procesos jurídicos.

Según  Oxfam “el reparto de la tierra en Colombia es extremadamente desigual, pues la tasa de concentración de tierra es de las más altas del mundo y la segunda de América Latina, sólo después de Paraguay”.

6.Según comunicado público del MOVICE del 9 de abril pasado, la situación de las víctimas es crítica, 34 víctimas y reclamantes de tierras asesinados por reclamar sus derechos y más de 500 amenazadas principalmente por grupos paramilitares, lo que muestra que la Ley de Tierras es un total fracaso. Durante   los   primeros   tres   años   del   mandato   del   presidente  Santos se presentaron 274 agresiones  contra  líderes  y  lideresas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).  No hay garantías y protección en casos de restitución.

7.Seis millones de desplazados internos, 10 millones de nacionales en el exterior, visibilizan de largo la tragedia humanitaria que vive Colombia.

8.Existe una queja permanente relacionada con la violencia y la discriminación en general contra la mujer. Esta violencia se evidencia en un mayor índice de desempleo, carencia de trabajo digno, diferencias salariales entre hombres y mujeres, mayores niveles de pobreza, el acoso laboral y sexual, el feminicidio y el machismo.  Según cifras oficiales, en el 2012, fue asesinada una mujer cada tres días, 3968 fueron agredidas por su pareja y cada media hora una mujer fue víctima de la violencia sexual en el país.

Igualmente, es evidente la violencia y discriminación contra las comunidades lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales “LGBTI”.

9.Colombia continúa registrando el más alto índice de sindicalistas asesinados en el mundo. En el 2013 fueron asesinados 26 trabajadores sindicalizados, 13 intentos de homicidio, 149 amenazas, 28 casos de hostigamientos y 13 detenciones arbitrarias. En total en los últimos 28 años han sido asesinados más de 4000 sindicalistas, más de 3000 casos están documentados. Las amenazas continúan siendo el diario vivir de los sindicalistas, confirmando que Colombia es el país más difícil para la organizaciones de los trabajadores. Gran parte de la población victima de violaciones a sus derechos humanos tiene temor de denunciar, declarar y en general de acudir a las instancias judiciales por considerar que no existen garantías.

La caravana pudo constatar que la violación a los derechos es sistemática y selectiva, que existe un proceso histórico de exterminio,  que es alimentado por la impunidad de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas y otros sectores sociales y sus organizaciones en Colombia, poniendo de manifiesto la grave situación humanitaria de los pueblos de Colombia. El 99 % por ciento de las investigaciones por crímenes cometidos contra sindicalistas continúan en la total impunidad.

Nos causo mucha indignación, que mientras los procesos por el asesinato y la persecución de sindicalistas e integrantes de organizaciones y movimientos sociales perduran y se profundizan, muchos dirigentes sociales son judicializados producto de la criminalización de la protesta social.

La desprotección de los trabajadores y trabajadoras en materia laboral, sindical y en salud en el trabajo, producto de la subcontratación, la tercerización, deslaboralización, la precarización de las condiciones de labor, el impulso de sindicatos dirigidos por los patronos, de contratos sindicales, pactos colectivos, es un factor más de su vulnerabilidad. Todo esto incrementado con la implementación de tratados de libre comercio, leyes leoninas que atentan contra todos los derechos, la implementación de megaproyectos y el terror del estado a través de las fuerzas armadas y el paramilitarismo.

10.Los/as caravanistas pudimos constatar en todas las regiones que visitamos, que el pueblo de Colombia y sus organizaciones, a pesar de la dura represión, continúan movilizándose exigiendo derechos y respeto por sus vidas y sus organizaciones. Muy especialmente, en todo el territorio nacional inicia el paro nacional agrario, étnico y popular, luego de la presentación de un pliego de peticiones al gobierno nacional y a la exigencia de cumplimiento de acuerdos establecidos en el paro agrario de 2013.

Plan de acción

Los integrantes de la caravana nos comprometemos a implementar las siguientes iniciativas que contribuyan a visibilizar esta grave situación, a fortalecer la solidaridad internacional con las luchas del pueblo de Colombia y a contribuir a la paz y a la conquista de la democracia en Colombia.

1.A visibilizar el país real y las respuestas del pueblo colombiano a la grave situación en que viven.

2.Fortalecer la solidaridad internacional, continuar apoyando las luchas que en Colombia desarrollan múltiples organizaciones y movimientos y contribuir con la búsqueda de la justicia social y el bienestar de sus gentes.

3.De manera especial, a estar muy atentos y exigentes ante el estado colombiano a fin de que se garantice y respete el derecho al paro nacional agrario, étnico y popular y demás movilizaciones que se generen en el país y no se criminalice la protesta social.

4.Exigir del Estado colombiano, el reconocimiento de la existencia de una política sistemática que ha producido masivas violaciones a los derechos humanos, con la complicidad de los Estados Unidos, de la Unión Europea, otros países, del FMI y del Banco Mundial.

5.Demandamos al estado colombiano y a las organizaciones insurgentes a parar la confrontación militar, involucrar a las organizaciones y movimientos sociales en el proceso, avanzar en los diálogos y lograr acuerdos que superen las causas que generaron la confrontación armada en Colombia.

6.Construir una paz real exige del estado colombiano la reducción de las Fuerzas Militares, el desmonte total de todas las estructuras del paramilitarismo, la suspensión del fuero militar y la rebaja del presupuesto militar en beneficio de la salud, la educación, la vivienda, la cultura, entre otros.

7.Las víctimas tienen derecho a participar y a decidir sobre el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Por tanto, apoyamos cualquier iniciativa que con este fin se implemente, con la seguridad de que sin su participación será imposible alcanzar la paz y la conquista de la democracia.

8.Parar la ofensiva de las multinacionales, del sistema financiero internacional y los impactos generados por la implementación de los tratados de libre comercio contra nuestros pueblos es urgente, por ello, nos comprometemos a trabajar en el desarrollo de las campañas que se implementen con tal fin. Campañas contra Nestlé, Coca Cola, Sodexo, contra la guerra de las multinacionales, son desde hace varios años, un ejemplo de la lucha global y la construcción del internacionalismo proletario.

Colombia, abril 30 de 2014

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